Ciudad Bolívar

“La dictadura de Maduro sigue incrementado la represión política, especialmente contra dirigentes de Voluntad Popular

José Laurencio Silva
Ciudad Bolívar

“La dictadura de Maduro sigue incrementado la represión política, especialmente contra dirigentes de Voluntad Popular, después de acusar el fuerte impacto de la Toma de Caracas, que movilizó un millón de personas por el revocatorio contra Maduro, hecho nunca antes registrado en la historia venezolana, mientras el régimen, usando todos los recursos del poder, no logró llenar la avenida Bolivar, incluso publicaron fotos del 2002 para tratar de engañar, pero la patraña fue descubierta”, dijo la diputada Olivia Lozano, máxima dirigente de VP en este estado, al exigir la libertad de Delson Guárate, del partido naranja y alcalde del Municipio Mario Briceño Iragorry, Aragua, detenido ayer al salir de su despacho por una comisión del Sebin.

Dictadura aumenta
represión
La también presidenta de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación Social de la Asamblea Nacional, rechazó igualmente las amenazas del presidente Nicolás Maduro de allanar la inmunidad parlamentaria del presidente del parlamento, Henry Ramos Allup, y de otros diputados que, según dijo, forma parte de la escalada represiva que ejecuta “la dictadura” contra Voluntad Popular y el resto de la oposición con acciones de terrorismo de Estado que, entre sus objetivos, buscaron sembrar miedo en la población para que la Toma de Caracas fuera un fracaso.
“Pero, el tiro les salió por la culata, porque más de un millón de personas se movilizaron en la extraordinaria Toma de Caracas, además de las nutridas marchas y caravanas en diferentes partes del país para acompañar la multitudinaria movilización caraqueña que reclamó el cronograma electoral del revocatorio, exigencia que se hará nuevamente el 7 de este mes frente a las sedes regionales del CNE en el país. Se pedirá también la habilitación de 40 mil captahuellas en 14 mil 500 centros de votación para recolectar el 20% de las firmas del electorado nacional para la solicitud de activación del revocatorio”, resaltó la parlamentaria.
Dijo que el régimen bloqueó con alcabalas militares el paso de centenares de opositores en carreteras y autopistas para retrasarle el viaje, desde diferentes ciudades del país, para participar en la Toma de Caracas.

Antecedentes de
amenaza de Maduro
La diputada por este estado a la Asamblea Nacional, al responder otra pregunta, dijo que a nadie le causa extrañeza la amenaza presidencial hecha en la “escuálida movilización del régimen el 1 de septiembre en la avenida Bolivar de Caracas que quisieron tapar publicando fotos de concentraciones del 2002, pero la patraña no les sirvió para engañar porque quedaron inmediatamente al descubierto”, añadió.
Recordó, respecto a los antecedentes de dicha amenaza, que desde el pasado junio, sectores radicales del oficialismo vienen presionando a Maduro para abolir el parlamento, en el marco de los desesperados planes para impedir este año el revocatorio contra el mandato del presidente. Reiteró que, de ocurrir la eliminación de la AN, ello sería “un golpe a la estructura política del Estado democrático”.
En este sentido, afirmó que la “cúpula inepta y corrupta” del “fracasado gobierno madurista” viene planteando “la disolución de la actual Asamblea Nacional”, porque esta “legisla en beneficio del país, ejerce, sin doblegarse a la dictadura, su función fiscal y contralora como poder autónomo y popular, electo por el pueblo con abrumadora votación en las parlamentarias del pasado 6 de diciembre que llevó a la MUD a dominar, por primera vez, el parlamento durante los últimos 17 años bajo este régimen dictatorial que está en su fase terminal”, enfatizó Lozano.

Relegitimación
de poderes
Lozano puso de relieve que en caso de una disolución de la AN habrìa que celebrarse nuevas elecciones parlamentarias, las cuales significarìan una nueva derrota para el gobierno. La oposición propone una megaelecciòn, que abarcarìa celebrar este mismo año nuevas elecciones presidenciales, las parlamentarias de la AN, la de gobernadores, diputados regionales, alcaldes y concejales en una relegitimación de los poderes públicos.
Explicó, contestando otra pregunta, que para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de un diputado la Constitución establece la apertura de un procedimiento judicial que pasa, previamente, por la Fiscalía General de la República que debe abrir una investigación para un antejuicio de mérito.
El despojo de la inmunidad debe autorizarlo el mismo parlamento, cosa que Lozano, descartó porque, primero, los diputados opositores no están incursos en ninguna clase de delitos que motive ese tipo de decisión.
Segundo, afirmó, la mayoría de la AN, perteneciente a la oposición, rechazaría de plano la solicitud de allanamiento por ser una evidente y clara iniciativa de retaliación política, para aumentar la represión, a fin de tratar de impedir el revocatorio contra Maduro, cuya dictadura viola los derechos humanos, persigue y encarcela a los opositores por pensar distinto, que llevó al país a vivir una situación humanitaria con una crisis de hambre, escasez de alimentos y medicina, la inflación más alta del mundo, la violencia criminal más grande del planeta.

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