Especial/Caracas
La mayoría de los partidos que hace frente al chavismo en Venezuela, agrupados en la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD),

sellaron un pacto de “unidad” al anunciar que irán a las elecciones parlamentarias con una tarjeta única, una decisión que había sido hasta ayer la manzana de la discordia.

El esperado pacto de los partidos políticos de la MUD se cerró ayer con el “sí” de Voluntad Popular (VP), fundado y dirigido por el encarcelado Leopoldo López, que durante las últimas semanas había manifestado sus dudas sobre un trato que la mayoría de los demás aceptó casi de inmediato.

“Hoy podemos decir que se evolucionó de una alianza electoral a una alianza política”, dijo en una rueda de prensa el coordinador adjunto de VP, Freddy Guevara, para anunciar que su partido finalmente se adhirió a la tarjeta unitaria.

El partido de López impulsaba la tesis de que “no hacía falta la tarjeta unitaria para que hubiera unidad, sino que hacía falta verdadera unidad para que en efecto hubiera una tarjeta única”, algo que ratificó ayer Guevara.

“Por eso aceptamos el reto y le decimos con confianza que lo que se logró fue un salto cuántico, porque fue un pacto histórico, que dio paso a una alianza política más que a una estrategia electoral”, añadió.

El acuerdo puso fin a diferencias internas admitidas por dirigentes opositores como el excandidato presidencial Henrique Capriles que advirtió esta semana que “sin tarjeta única” se pondría en riesgo “la adhesión mayoritaria” que estima tiene en los electores el proyecto político opositor.

Hace una semana, Capriles criticó que “salvo una organización política” ya estaba todo listo para que la MUD suscribiera una tarjeta única en clara referencia a Voluntad Popular y se preguntó si los intereses de un partido en particular son más importantes que los de Venezuela.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, señaló ayer al anunciar el acuerdo mayoritario por la tarjeta única que los partidos decidieron “no solamente llegar a la tarjeta única” sino impulsar “una estructura de funcionamiento” coordinado más allá de los comicios.

Así, además de decidir que los candidatos a ocupar cada uno de los 167 escaños de la Asamblea Nacional (AN, unicameral), 99 de los cuales son ahora ocupados por chavistas, los partidos de la MUD aprobaron “una agenda de cambio” que incluye cómo será “el funcionamiento de la facción parlamentaria (opositora) futura hasta el año 2021″, dijo Torrealba.

En este sentido, la MUD dio a conocer ayer una serie de acuerdos a los que llegaron los partidos de la alianza en el que se ubican como ganadores de las elecciones parlamentarias y, en el marco de ese panorama, se trazan estrategias legislativas.

Los miembros de la plataforma acordaron, entre otras estrategias, promover la renovación de los rectores del Consejo Nacional Electoral y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.

“Recuperaremos para la AN las dos funciones que le asigna la Constitución: Legislar (…) y control de gestión”, dice el documento al señalar que no se aprobarán las llamadas leyes habilitantes para que los jefes de Estado puedan legislar sin control parlamentario y se interpelarán a los funcionarios.

Además, un Parlamento con mayoría opositora reunificará al país con una “Ley de Amnistía y Reconciliación que cancele los procesos judiciales de persecución política” tanto para los presos, exiliados y perseguidos de oposición como para los activistas oficialistas de base.

La alianza también asegura que, como mayoría parlamentaria, promoverá la producción nacional “respetando la propiedad privada y la libertad de trabajo, garantizando la seguridad jurídica a las inversiones y el cese a las expropiaciones, estatizaciones, confiscaciones y otras formas de apropiación indebida”.

Asimismo, una bancada opositora mayoritaria creará leyes para que cese “toda política oficial de complicidad o “acuerdos” con bandas hamponiles, reformando y fortaleciendo integralmente el sistema de justicia para garantizar su imparcialidad y combatir la impunidad”.

La alianza dejó claro que, a corto plazo, el pacto va dirigido a apoyar a los políticos presos y “exiliados y perseguidos políticos”, así como también a lograr que se autorice una observación electoral internacional calificada.