Río de Janeiro, Brasil.- El fiscal DeltanDallagnol, responsable del caso Petrobras, acusó este miércoles al expresidente brasileño LuizInácio Lula da Silva
de ser el "comandante máximo" de la red de corrupción en la petrolera estatal, que movió miles de millones de dólares.
La Fiscalía pidió que la Justicia ordinaria acuse formalmente a Lula "como comandante máximo del esquema de corrupción" revelado por la "Operación Lava Jato" (Operación Autolavado) que operó en Petrobras, dijo Dallagnol, jefe de los fiscales del caso, añadió AFP.
También incluyen a Marisa Leticia, su esposa, de beneficiarse con el multimillonario fraude, informó la prensa local.
Lula, de 70 años, es investigado en esta causa por haber recibido "ventajas indebidas" con la reforma de un apartamento triplex en el balneario de Guaruja (Sao Paulo) construido por la empresa OAS, una de las principales involucradas en esa red de corrupción, según publicó la estatal Agencia Brasil al igual que otros grandes medios brasileños.
El expresidente Lula da Silva afirmó que los cargos presentados por la Fiscalía en su contra "tienen motivación política", carecen de respaldo jurídico y son una "farsa", destacó Efe.
Se trata de la primera acusación formal contra Lula en las tres causas por las que es investigado por supuestamente haber recibido favores de empresas que integraron la red de corrupción que gira en torno a Petrobras.
El expresidente ha sido imputado en otra causa por un supuesto intento de obstrucción a la Justicia, en relación a su nombramiento como ministro el pasado marzo en el Gobierno de la ahora expresidenta Dilma Rousseff, y también es investigado por la supuesta tenencia de una finca rural, acusación que también niega.
Lula respondió este miércoles a las nuevas acusaciones a través de su cuenta en la red social Twitter con el mismo comunicado que rebatió el pasado agosto la denuncia formulada por la Policía contra él y contra su esposa por el caso del apartamento.
En el comunicado, la defensa rebate los tres cargos que le imputa la Fiscalía, sostiene que la acusación no presenta "ningún elemento" que demuestre que el apartamento en cuestión sea propiedad de Lula y recalcó que sólo realizó una única visita al inmueble cuando estaba en obras y barajaba su compra.
La defensa de Lula también rechaza la acusación de que habría cometido un fraude documental, cargo se refiere al hecho de que OAS le pagó el depósito en el que guardó durante cinco años los regalos que recibió cuando era jefe de Estado.
Según los abogados de Lula, "los bienes del acervo presidencial integran el patrimonio cultural brasileño, son de interés público por definición legal, no se tratan de bienes privados de Lula, sino de documentos que la ley exige que sean conservados".
La denuncia de lavado de capitales tampoco se sostiene, según la defensa, porque Lula no es el auténtico propietario del apartamento y tampoco existen pruebas de que los fondos usados por OAS en la obra procedieran de actividades ilícitas.
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