El presidente Evo Morales declaró ayer emergencia nacional por riadas e inundaciones que han provocado hasta ahora la muerte de nueve personas y afectado a 9.000 familias, informó el ministro de Defensa, Rubén Saavedra.

La medida fue aprobada por el gabinete de Morales y permite al Ejecutivo nacional, gobernaciones y alcaldías utilizar fondos públicos "para atender los requerimiento y necesidades de los damnificados", dijo Saavedra en rueda de prensa.

Los abogados de la hija de Moamar Gadafi solicitaron formalmente al Tribunal Penal Internacional una copia certificada del acta de defunción del ex gobernante libio.

Nick Kaufman, abogado de Aisha Gadafi, dice que el pedido se propone en parte demostrar que el Consejo Nacional de Transición de Libia no es capaz de efectuar un juicio justo a su hermano Seif al-Islam, que fue arrestado en noviembre en el desierto del sur del país.

Las fuerzas gubernamentales cañonearon este martes varios distritos considerados como foco rebelde en la ciudad de Homs, matando a por lo menos 16 personas y provocando el temor de una nueva ronda de cruentos combates urbanos en un país que se precipita hacia una guerra civil.

Un importante grupo de la oposición, Comités de Coordinación Local, indicó que fueron 30 las personas que murieron en Homs y otras 20 en otras partes del país, entre ellas 17 en Idlib. Sin embargo, las cifras no fueron confirmadas por otros activistas.

Los activistas dijeron que un intenso cañoneo al vecindario de Baba Amr en Homs duró varias horas, pero no parecía ser el inicio de una temida ofensiva militar con el objeto de retomar vecindarios bajo control rebelde en la región central del país. Dos de las 16 víctimas en Baba Amr eran niños, dijeron activistas, y advirtieron que Homs ya enfrenta una catástrofe humanitaria.

El gobierno de Libia no puede controlar las milicias que se niegan a deponer las armas después de derrocar a Moamar Gadafi, admitió ayer el líder interino libio, mientras se esfuerza por imponer control en la nación africana rica en petróleo.

En una entrevista con The Associated Press, Mustafa Abdul-Jalil advirtió que los remanentes del régimen depuesto siguen representando una amenaza y que demorará años antes de que los nuevos gobernantes libios superen una "herencia onerosa" de corrupción y desconfianza después de más de cuatro décadas del régimen de Gadafi.

Abdul-Jalil admitió que el Consejo Nacional de Transición ha cometido errores, pero también censuró a los ex rebeldes que han formado milicias poderosas y gobiernos locales que surgen como rivales del gobierno central con sede en Trípoli.